El Gobierno se compromete a regular el régimen laboral de 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia en junio de 2007

El País. Inmaculada G. Mardones. 26/11/2006

La viuda de José Couso, el cámara de Telecinco que fue ametrallado por las tropas norteamericanas en Bagdad, recibe una pensión mensual de 240 euros. El trabajo de Couso, como el de otros 3,5 millones de españoles por cuenta propia, carece de regulación. Muchos de ellos son autónomos dependientes o asalariados encubiertos, con la desventaja de que si fallecen, enferman o la empresa a la que prestan servicio rompe el contrato se quedan sin ningún amparo. Tras años de pelea, las asociaciones de autónomos han arrancado al Gobierno una ley que regulará su actividad. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se ha comprometido a que estará aprobada en junio de 2007.

Existen miles de transportistas autónomos que -como José Couso- trabajan para un sólo cliente, centenares de periodistas autónomos que prestan sus servicios a un único medio de comunicación, miles de albañiles o carpinteros autónomos que operan para la misma constructora.

También existen millares de autónomos que un día fueron seducidos por el dinero de un despido cuando trabajaban como asalariados. El procedimiento es simple. La empresa pacta un despido improcedente y le asegura que con una subvención y la indemnización -siempre inferior a la legítima- podrá adquirir una máquina para realizar en casa el trabajo que desempeñaba en la empresa. Los pedidos los tiene garantizados. Y así percibirá dos ingresos, el de la empresa que le despidió y el del paro, durante los dos primeros años.

Pero suele ocurrir que ese pacto se quiebra porque la empresa, una vez roto el vínculo jurídico con su ex asalariado, cierra las puertas a las pocas semanas, y si te he visto no me acuerdo.

Situaciones como éstas, o como la de José Couso, afectan a 324.000 autónomos dependientes y a unos 150.000 falsos autónomos, según un avance del estudio que la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) publicará a primeros de diciembre sobre la situación del colectivo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA y ex agente comercial durante largos años, entregó la pasada semana al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, una placa de orfebrería cordobesa que le confiere el Premio Autónomo del Año en reconocimiento por haber impulsado la redacción de un proyecto de ley que regula el Estatuto del Trabajo Autónomo.

Caldera se comprometió a que la ley “entre en vigor en junio de 2007 y salde la deuda histórica con más de tres millones de trabajadores (162.400 de ellos inmigrantes), excluidos hasta ahora de un régimen de protección del que gozan el resto de los españoles.

El anteproyecto recoge en sus 27 artículos los derechos y deberes del trabajador autónomo, el régimen del autónomo dependiente (quien presta el 85% de sus servicios a un único cliente), vacaciones de 15 días hábiles, la resolución jurídica y extrajudicial de contratos y conflictos, así como las responsabilidades indemnizatorias de las empresas contratantes. La protección del colectivo se instrumentará a través de un régimen de Seguridad Social propio y contará con un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo.

La redacción del anteproyecto ha durado dos años y medio. Y aunque el documento ya ha sido remitido al Parlamento, tras su aprobación por el último Consejo de Ministros, no todos comparten su contenido. Los sindicatos, la CEOE y las propias asociaciones de autónomos darán la última batalla para introducir cambios en su trámite parlamentario.

Dolores Liceras, de CC.OO., plantea objeciones a que se equiparen a los falsos autónomos con los asalariados porque no están en igualdad de condiciones. Los asalariados pueden negociar colectivamente sus convenios y los autónomos no. Tampoco están de acuerdo en que se aplique la jurisdicción social a los autónomos dependientes. Sostiene que esta jurisdicción se creó en condiciones de gratuidad para los asalariados y nada tiene que ver con los vínculos mercantiles o civiles que regulan los contratos de prestación de servicios de un autónomo.

El segundo punto de fricción se refiere a la convergencia del Régimen de la Seguridad Social de los autónomos con el general. “Pretenden recibir las mismas prestaciones por haber cotizado los últimos 15 años, cuando un asalariado lo hace durante toda su vida laboral”. El presidente de ATA reconoce que los autónomos cotizan al mínimo, pero lo atribuye a “ignorancia o mala información de los asesores”. En ese caso se encuentran el 85% del colectivo. La cotización media de un autónomo es de 880 euros frente a los 1.300 de un asalariado y para compensar este diferencial los autónomos dependientes que ejercen actividades de alto riesgo aportarán 600 millones de euros más al año para poder cobrar bajas laborales.

El último litigio se refiere a la presencia en el Consejo Económico y Social, donde no les quiere nadie porque su composición es fruto de un delicado equilibro entre empresarios y sindicatos. López Amor se lo reclamó en público a Caldera en la entrega del premio y se ha conjurado a pelear en la tramitación de la ley -donde cuentan con el apoyo incondicional de CiU- hasta lograrlo. Su ausencia la considera injustificada: “Los agricultores y pescaderos están. ¿Por qué ellos no? Si en su actual composición figuran 61 miembros, con añadir tres a cada grupo, se recupera el equilibrio”.

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