El pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Igualdad, con el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo el PP, que se ha abstenido. Con esta nueva ley que entrará en vigor la semana próxima, más de 400.000 hombres podrán solicitar cada año el permiso de paternidad de quince días. El presidente del Gobierno la ha defendido personalmente en el hemiciclo; los peperos adujeron que su abstención se ha debido a que consideran que la ley es impositiva.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido defender personalmente la Ley de Igualdad antes de la votación en el pleno del Congreso. Zapatero ha asegurado que con la aprobación de esta ley estamos en uno de los días más importantes y felices, y que la norma transformará para siempre y para bien a la sociedad española. El jefe del Ejecutivo ha definido la ley como ambiciosa, y ha recordado que exigirá esfuerzos para hacerla efectiva. Por eso ha anunciado que el Gobierno llevará a cabo un seguimiento constante de la misma. Para Zapatero, esta ley a favor de la igualdad efectiva de las mujeres hace de España un país mejor, porque españoles y españolas somos por ley absolutamente iguales. Zapatero se ha mostrado orgulloso de impulsar una ley tan hermosa para la igualdad.
En mayo se estrenará esta ley, que también promueve la paridad en los consejos de administración de las grandes compañías, una medida que obliga a negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores y que castiga con sanciones de hasta 90.000 euros la discriminación por razón de sexo.
Medida estrella
Más de 400.000 hombres podrán solicitar cada año el permiso de paternidad de quince días gracias a la Ley de Igualdad que entrará en vigor la próxima semana. La medida adelanta de ocho a seis años el plazo para que los permisos de paternidad de quince días contemplados en la norma sean de un mes.
Los peperos adujeron que su abstención se ha debido a que consideran que la ley es impositiva y rechazan que imponga la paridad en las listas electorales. El PP considera además que la ley está dirigida a la elite, en lugar de defender los derechos de la mayoría de las mujeres españolas.
