La Clave. Juan Francisco Martín Seco. 03/06/2006

Parece ser que Gobierno y sindicatos están negociando una vez más la reforma del sistema público de pensiones. Con este tipo de reformas sucede como con las fiscales o las laborales, que todas las realizadas desde hace por lo menos veinte años han tenido un denominador común, el ser regresivas. El sistema público de pensiones está sometido de forma permanente a una fuerte ofensiva. Los altavoces del neoliberalismo económico no pierden ocasión de cuestionarlo. No hay informe de organismo internacional que se precie que no ponga en duda su viabilidad y que no recomiende su reforma, es decir, su progresiva reducción.

Si tuviésemos memoria o al menos fuésemos capaces de rebuscar en las hemerotecas, nos sorprenderían las previsiones apocalípticas que en los años ochenta realizaban sesudos informes de prestigiosos servicios de estudios acerca del seguro desplome que acechaba al sistema público en el año 2000. Nada de ello se ha cumplido, pero sus autores, lejos de avergonzarse por sus errores y recluirse en el silencio, se mantienen en sus trece, sólo que anunciando el cataclismo para el año 2020.

Es en ese ambiente de alarma generalizada en el que surgió el pacto de Toledo. En teoría, para defender -según decían- el sistema, pero paradójicamente constituye su mayor amenaza ya que le dejan en una situación de precariedad, al hacer depender su financiación no de la totalidad de ingresos del Estado sino únicamente de las cotizaciones sociales. Bien es verdad que en el Pacto no se empleaba la palabra exclusivamente sino principalmente, pero lo cierto es que el axioma de la separación de fuentes, que ha informado a lo largo de todos estos años su aplicación, va diluyendo en el olvido la posibilidad de que las pensiones se financien con impuestos condenándolas así a una mayor inestabilidad.

Financiar las pensiones exclusivamente con cotizaciones sociales es hacer depender su viabilidad del empleo y de la participación de la población activa sobre la total. Éstos son los parámetros preferidos por los detractores del sistema público, con los que pueden hacer funcionar sus argumentos, y en los que todas las hipótesis son posibles.

La situación cambia radicalmente desde el instante en que renegamos de la separación de fuentes de financiación y nos oponemos a la segregación entre Seguridad Social y Estado. La unión de ambos supone negar la posibilidad de quiebra de la Seguridad Social , o al menos que ésta sea imposible si antes no se ha producido la del Estado , que exigiría, a su vez, la de la economía nacional. La suerte de los pensionistas no tiene por qué ser peor que la del resto de los españoles.

Hacer depender la financiación de las pensiones de la totalidad de ingresos del Estado es trasladar el problema de la financiación desde la renta de los activos, es decir de los trabajadores, a la totalidad de las rentas incluyendo las de capital. La viabilidad no se plantea ya en el plano demográfico o en la proporción entre activos y pasivos, sino en términos de la producción global sea cual sea el número de productores. Lo que importa es la renta per cápita y ésta, tanto en el pasado como se supone que en el futuro, va a seguir creciendo. No existe ninguna razón, pues, para dudar de la sostenibilidad del sistema, incluso de la posibilidad de su mejora. Lo garantiza no ese ridículo fondo de reserva, sino el aval de todos los ingresos del Estado. En definitiva, desde esta nueva óptica radicalmente contraria al Pacto de Toledo, el problema, de existir, no es tanto de escasez de recursos como de voluntad política de redistribuirlos mediante una política fiscal adecuada.

(puedes consultar otros artículos del mismo autor en http://www.telefonica.net/web2/martin-seco/)