A partir de la próxima publicación en el BOE de la Ley del Estatuto del Autónomo que hoy (28-06-2007) ha aprobado el Parlamento, más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, exactamente 3.118.000, a finales de mayo, van a ver regulada su actividad, a través de una norma de rango legal.
La regulación del trabajo autónomo era una reivindicación histórica por parte de los representantes de este colectivo, cuyo ordenamiento jurídico se remonta a un decreto de 1970, regulador del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y que no consiguió ver plasmada, hasta la asunción de ese compromiso por parte del Presidente del Gobierno actual, quien en su discurso de investidura puso como fecha para elaborar un Estatuto la presente legislatura.
Como consecuencia de esta sensibilidad hacia el trabajo autónomo, se acordó la constitución de una Comisión de Expertos que realizó una doble tarea: por una parte efectuar un diagnóstico y evaluación sobre la situación económica del trabajo autónomo en España y, por otra, analizar el régimen jurídico y de protección social de los trabajadores autónomos, y al mismo tiempo que elaborara una propuesta del Estatuto del Trabajador Autónomo.
Con la entrega del informe de los expertos, en octubre de 2005, inicia su camino el Estatuto, que tras una larga serie de debates con las organizaciones representativas, culmina con la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que es el primer ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea.
Los aspectos sobre los que el Estatuto regula hacen referencia a: derechos y obligaciones de los autónomos; nivel de protección social; relaciones laborales; política de fomento del empleo autónomo y trabajador autónomo económicamente dependiente.
Los contenidos más relevantes son:
- Definiciones. Se establece qué se entiende como trabajador autónomo y un catálogo de derechos y deberes.
- Se regulan las reglas de prevención de riesgos laborales.
- Se establecen garantías económicas para el trabajador autónomo.
- Se regula el régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente y se asigna a la jurisdicción social la resolución de los litigios.
- Se establece la posibilidad de contratación laboral de los hijos menores de 30 años que convivan con el trabajador autónomo.
- Derechos colectivos. Se reconoce un catálogo de derechos colectivos y se establecen las bases para el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos. Así, se contempla la posibilidad de celebrar acuerdos de interés profesional entre asociaciones de autónomos o sindicatos y empresas, siempre que no vayan en contra de los postulados de la Ley de Defensa de la Competencia.
- Prestaciones sociales. En materia de Protección Social, se aplican medidas tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad Social. Tendrán baja por enfermedad, prestaciones de Seguridad Social por enfermedad profesional y accidente de trabajo, incluido, el que se produce «in itinere», en los desplazamientos desde el lugar donde se trabaja hasta el domicilio. Y derecho a disfrutar de permisos de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. De esta forma el Estatuto del trabajo autónomo sigue la senda de la Ley de Igualdad y hace efectivo el derecho de los autónomos a la conciliación de la vida familiar y profesional.
- Jubilación anticipada. Se permitirá la jubilación anticipada en el caso de trabajadores autónomos, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida. También se podrán jubilar anticipadamente en sectores considerados en crisis. Se mandata al Gobierno para que proponga al Parlamento la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida. Dicha regulación contempla la posibilidad de jubilación anticipada cuando los trabajadores estén próximos a la edad de jubilación.
- Ayudas y bonificaciones. Se establecen medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, la formación profesional y favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada. En este sentido, se aumentan las bonificaciones a la cotización a la Seguridad Social de los jóvenes hasta 30 años, y mujeres hasta 35, que inicien su actividad como autónomos, pasando del 25% actual al 30% y de 24 a 30 meses.
