El Gobierno y los agentes sociales han cerrado el acuerdo para la reforma laboral, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar mediante un Real Decreto Ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio. El acuerdo, que se produce tras 14 meses de negociación, será firmado el 9 de mayo en la Moncloa por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y CEPYME.
Tras superar infinidad de rumores y declaraciones, la lucha contra la precariedad en el empleo y el fomento de la contratación estable parecen haberse convertido en el principal argumento de la reforma. En el camino se han quedado otros temas más espinosos, como la rebaja del despido o las limitaciones a la subcontratación, en los que las divergencias entre las partes habían conducido a un callejón sin salida.
El Gobierno parece dispuesto a poner toda la carne en el asador en este tema y ha anunciado un plan de choque para reducir la excesiva temporalidad que padece nuestro país. Para ello se propone incentivar con ayudas públicas la conversión de los contratos temporales en indefinidos, pero sólo durante un periodo de tiempo limitado. La finalidad es facilitar de manera masiva la conversión del empleo temporal en indefinido. Transcurrido dicho plazo, las bonificaciones a la transformación de los contratos desaparecerían.
Los empresarios que quieran hacer fijos a sus trabajadores temporales podrían además utilizar el contrato de fomento del empleo, cuya indemnización por despido es más barata que la del contrato indefinido ordinario (33 días frente a los 45 días que constituye la regla general)
Se pretende también limitar el encadenamiento de contratos para que un mismo trabajador no esté contratado en una empresa más de 24 meses en un periodo máximo de 36 (los contratos de interinidad y los formativos no contarían), un plazo que los sindicatos quieren reducir a 30 meses. Existe también conformidad en la reducción en un punto de las cuotas empresariales al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), así como en la mejora de las prestaciones del fondo.
Otros aspectos del texto se centran en definir, de manera clara, la figura de la cesión ilegal de los trabajadores dentro del Estatuto de los Trabajadores, y en la creación de un libro de registro que deberá disponer la empresa principal cuando sus contratas o subcontratas compartan de forma continuada el mismo centro de trabajo. Dicho libro, que recogerá toda la información de la cadena, estará a disposición de los representantes de los trabajadores.
Asimismo, en materia de subcontratación, la reforma establece que cuando una empresa contrate a una contrata o subcontrata tendrá que informar a los representantes legales sobre el objeto y duración de la contrata, el lugar de ejecución, el número de trabajadores que serán ocupados por la contrata en el centro de trabajo de la empresa principal, así como de otros datos relacionados con la empresa contratista (razón social, identificador fiscal, etc.).
Éstos parecen algunos de los puntos sobre los que presumiblemente va a centrarse el acuerdo que deberá aprobarse en los próximos días. No obstante, es probable que la reforma no se quede ahí. El ministro de Trabajo ha afirmado que dicha reforma, por sí sola, no va a ser suficiente, por lo que habrá que ir ampliándola con reformas sucesivas.
